Una introducción al estudio serio de la desigualdad: el caso de Estados Unidos.

Por Marcos Sánchez Muriel

Lo que viene a continuación es la primera parte de mi Trabajo de Fin de Grado, sin ninguna edición ni nada porque andamos pillados de tiempo. Aun así creo que puede resultar de interés.

 

1.1. Medir la desigualdad: conceptos fundamentales.

Hay muchas formas de medir la desigualdad económica, y ninguna ofrece una perspectiva privilegiada. Todas resaltan algunos aspectos al tiempo que oscurecen otros. En este trabajo analizaré principalmente la desigualdad de ingresos. Otra opción sería fijarse en la riqueza. Ambos están relacionados: los ingresos que no se dedican al consumo se acumulan en forma de riqueza que, generalmente, a su vez, reporta ingresos.

 

Según su fuente, los ingresos se clasifican en ingresos del trabajo e ingresos del capital. Una vez asignados individualmente los ingresos del capital y del trabajo, obtenemos los ingresos antes de impuestos y transferencias o ingresos de mercado. Si después descontamos los impuestos que cada individuo paga al Estado y sumamos las transferencias que recibe de él, obtenemos los ingresos después de impuestos y transferencias.

 

Nótese que los ingresos de mercado de un individuo incluyen los impuestos que paga, que no le reportan directamente ningún beneficio. Algunos de estos impuestos, como los de la nómina, ni siquiera llegan jamás a su cuenta bancaria, sino que se pagan inmediatamente. Es más, ¿quién paga realmente los impuestos? La incidencia de los impuestos no siempre recae sobre quien los paga nominalmente. Se trata de una cuestión extremadamente compleja, aún no resuelta y que obliga a trabajar con supuestos teóricos e información empírica limitada.

 

Inversamente, los ingresos de mercado no computan las transferencias que el individuo recibe del Estado y de las que sí se beneficia. En este sentido, los ingresos antes de impuestos y transferencias son virtuales, y los ingresos después de impuestos y transferencias son los ingresos “reales”, que reflejan más fielmente el nivel material de vida. La utilidad del concepto de ingresos antes de impuestos y transferencias reside en que nos da información acerca del funcionamiento del mercado y del reparto que éste efectúa. Además, la comparación de los ingresos antes y después de impuestos y transferencias nos permite evaluar la eficacia del sistema redistributivo del Estado.

 

Para el análisis de la situación de desigualdad en Estados Unidos, me basaré principalmente en los datos del reciente trabajo de Piketty, Saez y Zucman (2017), en muchos aspectos el más sofisticado hasta la fecha. Toman como punto de partida los totales de los agregados macro, en concreto los Ingresos Nacionales o Producto Nacional Neto, que después van asignando de acuerdo con la información distribucional obtenida de las encuestas de hogares y los registros fiscales (las dos principales fuentes para el estudio de la desigualdad), y haciendo supuestos teóricos explícitos sobre las categorías de ingresos que ofrecen dudas o para las que no hay fuentes directamente disponibles. De este modo, se pueden comparar de forma coherente los datos de crecimiento macro con la evolución de los ingresos en los distintos grupos de la distribución. Trabajos anteriores, como US Census Bureau (2016) o Piketty and Saez (2003), no tenían la pretensión de ajustarse a los totales macro, y tan solo capturaban en torno al 60% del Producto Nacional Neto.

 

Como unidad de análisis toman el individuo adulto, para lo cual dividen en dos partes iguales los ingresos totales de las unidades fiscales formadas por un matrimonio, lo que produce un cierto efecto igualador artificial y enmascara la brecha de género. Para examinar la desigualdad entre hombres y mujeres, presentan otra serie de datos en la que comparan los ingresos laborales de ambos sexos.

 

A pesar de las mejoras significativas respecto a trabajos anteriores, su metodología contable aún es más bien un prototipo. Hay que tener en cuenta que la medición de la desigualdad es un campo aún en desarrollo, y que su dificultad técnica es mucho mayor que la de los indicadores económicos tradicionales. Los sistemas de cuentas nacionales todavía no están adaptados a la medición de la desigualdad, sino que se centran en los agregados macro como el PIB, que no proporcionan información distribucional.

 

Las dos principales variables que emplean son ingresos preimpuestos e ingresos postimpuestos. Hay que aclarar que la definición de ingresos preimpuestos con la que trabajan es un tanto distinta de la definición estándar de ingresos antes de impuestos y transferencias que ya se ha comentado, pues toma en cuenta el funcionamiento del sistema de pensiones. Nótese que las pensiones no forman parte, en principio, de los ingresos de mercado: son transferencias en el caso de pensiones públicas, y retiradas de un fondo ahorrado durante los años activos en el caso de las pensiones privadas. En consecuencia, los jubilados apenas tienen ingresos de mercado. No nos interesa considerar como individuos extremadamente pobres a los jubilados que han ahorrado o cotizado durante toda su vida para poder tener una pensión de vejez, ello distorsionaría gravemente nuestros resultados respecto a la realidad que pretendemos estudiar. Por ello, en los ingresos preimpuestos se han descontado las contribuciones a la Seguridad Social y a fondos de pensiones privados y se han añadido los beneficios recibidos correspondientes.

 

1.2. La desigualdad en Estados Unidos

 

1.2.1. Datos generales

 

En las gráficas 1 y 2 observamos que la evolución de la desigualdad en Estados Unidos en los últimos cien años sigue aproximadamente una forma de U. Entre 1913, el primer año de la serie, y la Segunda Guerra Mundial, los niveles de desigualdad se mantienen muy elevados, a excepción del bache de la Gran Depresión. En la Segunda Guerra Mundial, la desigualdad se reduce de forma brusca para después continuar una trayectoria descendente más suave hasta finales de los años 70. En los años 80, la tendencia se invierte y la desigualdad aumenta de forma relativamente pronunciada. Es en este periodo de aumento de la desigualdad, que llega hasta nuestros días, en el que me centraré.

El ingreso medio preimpuestos del 50% más pobre de los adultos se ha estancado desde 1980 en torno a $16.000 por adulto (en dólares constantes de 2014, usando el deflactor nacional de ingresos), mientras que el ingreso nacional medio por adulto ha crecido un 60% hasta llegar a $64.500 en 2014. Como resultado, la porción de ingresos del 50% más pobre se ha desplomado del 20% en 1980 al 12% en 2014. Entretanto, el ingreso medio preimpuestos del 1% superior de los adultos aumentó de $420.000 a $1,3 millones, aproximadamente, y su porción aumentó de aproximadamente el 12% a principios de los 80 al 20% en 2014. (Piketty et al., 2017, p. 557, traducción propia)

 

Aún más arriba en la distribución, el 0,1% acapara el 10% de los ingresos preimpuestos, es decir, casi la misma porción que la mitad más pobre (12%). El grupo entre el percentil 50 y el 90, al que Piketty et al. (2017) denominan clase media, tiene un ingreso similar al ingreso nacional medio, es decir, en torno a $64.000, o el 40% de los ingresos nacionales totales. El decil superior, por su parte, percibe el 47% de los ingresos, aunque hay que tener en cuenta que la evolución del decil superior está principalmente influida por el 1%.

 

En todo el 90% inferior, los salarios apenas han aumentado desde 1980. El modesto aumento de sus ingresos preimpuestos se debe al aumento de la compensación no salarial (principalmente seguro sanitario pagado por el empleador), que ha pasado de representar un 13% de sus ingresos a un 23%, y al aumento de sus ingresos de capital, principalmente planes de pensiones.

 

El contraste con el periodo anterior es muy marcado. Entre 1946 y 1980, el crecimiento fue robusto, con un 94% de incremento acumulado de los ingresos nacionales, y repartido de forma igualadora o progresiva, con los más pobres aumentando más (en términos relativos) sus ingresos, tanto preimpuestos como postimpuestos. En el periodo 1980-2014, también de 34 años, el crecimiento fue modesto, un 64%, y muy desigualmente repartido, como se ha visto.

 

La crisis de 2007 no parece haber alterado la tendencia. Como en otras recesiones, los ingresos superiores experimentan una caída pronunciada seguida de un repunte igualmente pronunciado (cuán pronunciado depende mucho del método contable), sin que se produzcan cambios significativos en la tendencia. Sin cambios políticos asociados, como ocurrió con el New Deal tras la Gran Depresión, las recesiones por sí mismas no suelen desembocar en cambios duraderos en los niveles de desigualdad (Piketty y Saez, 2017).

 

Una de las grandes preguntas acerca del enriquecimiento dramático del 1% en relación con el resto de la población es si se debe a un aumento de los ingresos del capital o a un aumento de los salarios más elevados (los working-rich, o ricos trabajadores, en contraste con el rico rentista). Los datos de Piketty et al. (2017) indican que en los 80 y los 90, paralelamente a la revolución de las tecnologías de la información, el principal factor fueron los sueldos elevados. Desde 2000 hasta nuestros días, sin embargo, ha sido el impetuoso crecimiento de los ingresos del capital lo que ha dado continuidad a la tendencia. Milanovic (2016) ofrece esta misma explicación. Actualmente, los ingresos del capital representan más de la mitad de los ingresos para el 1%, y más de dos tercios para el 0,1%.

 

En 2000, los ingresos del capital representaban un 23% de los ingresos nacionales; hoy, un 30%. Es más, solo los ingresos del capital han crecido en este periodo, a un 2,2% anual, mientras que los ingresos del trabajo se han estancado (0,1% de crecimiento anual).

 

El sistema progresivo de impuestos y transferencias tiene un efecto redistributivo notable que reduce la desigualdad en los ingresos postimpuestos. El 50% más pobre aumenta sus ingresos hasta $25.000, un 50% de incremento respecto a los $16.000 preimpuestos. El estancamiento de los ingresos preimpuestos desde 1980 se convierte en un moderado aumento del 21% en ingresos postimpuestos para este grupo. Casi todo el crecimiento de los ingresos postimpuestos se debe al aumento de las transferencias sanitarias recibidas a través de Medicaid y Medicare. A su vez, estas transferencias sanitarias se concentran en la población de mayor edad.

 

1.2.2. La desigualdad por grupos etarios y por género

 

En efecto, aunque en términos globales desde 1980 la dinámica del 50% más pobre ha sido de estancamiento en ingresos preimpuestos y de leve aumento en ingresos post-impuestos, encontramos grandes divergencias entre los distintos grupos etarios. Los mayores de 65 años pertenecientes al 50% más pobre de los adultos han aumentado sus ingresos preimpuestos de forma muy significativa hasta alcanzar, en 2014, la media de este grupo (de la mitad más pobre), mientras que en 1980 eran muy inferiores. El motivo es el aumento de los ingresos percibidos a través de los sistemas de pensiones, públicos y privados. Para la población en edad laboral, por el contrario, los ingresos han disminuido. Los adultos entre 20 y 45 años ganan en 2014 un 20% menos que en 1980, y aquellos entre 45 y 65, un 8% menos.

 

La situación es similar con los ingresos postimpuestos: el modesto incremento del 21% experimentado por el 50% más pobre se ha concentrado en los mayores de 65 años, debido sobre todo a las transferencias sanitarias Medicare y Medicaid. Para la población en edad laboral, los ingresos postimpuestos apenas han aumentado.

 

Al igual que ocurre con los grupos etarios, la trayectoria de hombres y mujeres ha sido muy distinta en las últimas décadas. En los años 60, los ingresos laborales pre-impuestos de las mujeres (parámetro que emplearemos para estudiar la evolución de la brecha de género) eran 3,7 veces inferiores a los de los hombres, debido tanto a una baja participación laboral como a una menor remuneración. En 2014, la brecha se había reducido considerablemente: los hombres ganan 1,75 veces más, ratio que cae hasta 1,3 entre la población joven (20-45), mientras que se mantiene en 2 para la población laboral de más edad (45-65). A pesar de que la representación de mujeres en los tramos superiores de ingresos se ha incrementado, el techo de cristal continúa siendo una realidad: en el 1% de ingresos laborales, las mujeres representan el 16%; en el 0,1%, el 11%.

 

El ingreso laboral mediano (no medio) de las mujeres se ha quintuplicado entre 1962 y 2014, hasta llegar a $20.000, aunque permanece estancado desde finales de los 90. El de los hombres permanece en 2014 en el nivel al que estaba en 1964, $35.000, es decir, un estancamiento de medio siglo (con fluctuaciones significativas en este intervalo).

 

La reducción de la brecha de género ha sido un factor igualador. Sin embargo, el cambio asociado en las pautas sociales ha promovido a su vez las denominadas parejas homógamas, es decir, parejas en las que el hombre y la mujer tienen niveles educativos y de ingresos similares, lo que constituye un factor de desigualdad a nivel de hogares o familias (Milanovic, 2016, pp. 188-189), aunque desde muchos puntos de vista se trate de un desarrollo deseable.

 

1.2.3. Progresividad de los impuestos

 

Ha habido durante décadas una reducción de la presión fiscal sobre las rentas más altas. En los 50 y principios de los 60, el tipo máximo del IRPF superaba el 90%. En 1988 alcanzó un punto bajo en el 28%. En los últimos años, entre 2003 y 2013, se mantuvo en el 35%. (Wilson, 2002; Piketty y Saez, 2013, fig. 5)

 

El tipo máximo del impuesto de sociedades ha descendido desde más del 50% en los 50 y los 60 a un 35% desde los 90 ( Tax Policy Center, 2017a). El tipo efectivo pagado ha descendido del 48% a principios de los 50 a un 18% en 2012 (U.S. Bureau of Economic Analysis).

 

El tipo máximo del impuesto de sucesiones ha pasado de un 77% en el periodo 1942-1976 a un 40% en 2017. El tipo efectivo es mucho menor, incluso para las mayores fortunas (19,4% para las herencias de más de 20 millones de dólares), gracias a numerosas disposiciones de la ley que permiten eludir buena parte del pago (Jacobson, Raub y Johnson, 2007; Huang y Cho, 2017). Todos estos impuestos recaen sobre los más ricos, de modo que la pérdida de progresividad fiscal ha sido dramática.

 

Las reformas fiscales de 2013 parecían un cambio al menos parcial en esta tendencia. La Affordable Care Act (ACA), popularmente conocida como Obamacare, introdujo como parte de sus disposiciones dos sobreimpuestos a los ingresos laborales y del capital más elevados (Congressional Budget Office, 2018). También en 2013, expiraron los recortes de impuestos de la era Bush. Ambas subidas de impuestos recaen principalmente sobre el 1%, cuyo tipo impositivo efectivo aumentó unos 4 puntos, del 32% al 36% (Piketty et al., 2017, p. 600).

 

En 2017 la administración Trump introdujo otra reforma fiscal, la Tax Cuts and Jobs Act, claramente regresiva, especialmente si consideramos las disposiciones permanentes, aunque las disposiciones temporales también lo son. Las disposiciones temporales de la ley, que expiran a lo largo de 10 años, reducen los impuestos para todos los grupos, pero más al 5% superior. Las disposiciones permanentes, en cambio, benefician casi exclusivamente al 1%, mientras que perjudican a los grupos más pobres (Tax Policy Center, 2017b). Señaladamente, se aplica una rebaja al tipo máximo del impuesto de sociedades (35% antes de la reforma), que se sustituye por un tipo único del 21% (U.S. Congressional Budget Office, 2017). Se trata de una pauta fluctuante común: las administraciones demócratas suelen aumentar los impuestos y las republicanas disminuirlos.

 

Para el 50% más pobre, en cambio, la carga fiscal ha aumentado, pasando de un 15-20% de tipo efectivo en los 50 a un 25% actualmente.

 

1.2.4. El sistema de transferencias

 

El sistema de transferencias ha experimentado una gran expansión en las últimas décadas, impulsado sobre todo por el impetuoso crecimiento de los gastos sanitarios, que constituyen hoy el capítulo más destacado de las transferencias. En términos absolutos, la clase media se beneficia más del sistema de transferencias que el 50% más pobre: los adultos del primer grupo reciben de media más transferencias que los del segundo, aunque en términos relativos las transferencias constituyan para el 50% más pobre un porcentaje mucho mayor respecto a sus ingresos preimpuestos.

 

Para comprender este hecho es importante hacer una distinción entre dos tipos de transferencias: los seguros sociales y las transferencias específicamente diseñadas con un propósito redistributivo (“means-tested transfers”). Son seguros sociales la Seguridad Social, que incluye pensiones de vejez, invalidez y supervivientes, y el seguro por desempleo. Que sean seguros significa que simplemente protegen frente a períodos de disminución drástica de ingresos de mercado (vejez, invalidez, desempleo) o aumento drástico de gastos (enfermedad grave) y que se autofinancian mediante las cotizaciones de la nómina que pagan los potenciales beneficiarios. El nivel de cotización determina, a su vez, el acceso y el grado de beneficios obtenidos (por ejemplo, un trabajador con una nómina elevada y una cotización elevada tendrá derecho a una mayor pensión de jubilación). No hay, por tanto, una pretensión redistributiva específica. Por este motivo, Piketty et al.  (2017) computan las transferencias de los seguros sociales citados como ingresos preimpuestos. Medicare (4% del ingreso nacional), destinado sobre todo a personas mayores que han cotizado durante años, se encuentra en un punto intermedio, pues se financia en parte con las cotizaciones (que determinan el acceso al programa) y en parte con los presupuestos generales. En general, son las clases medias las principales beneficiarias de los seguros sociales, incluido Medicare.

 

Las transferencias redistributivas, o “means-tested”, en cambio, sí están diseñadas con este propósito, pues están dirigidas a personas o familias cuyos ingresos no superen un cierto nivel, entre otros requisitos. El programa de mayor de peso en este ámbito es Medicaid y CHIP (Children Health Insurance Program) (3.4% del ingreso nacional), que representa un 70% de las transferencias redistributivas (excluyendo créditos fiscales) (U.S. Congressional Budget Office, 2018). Las transferencias redistributivas constituyen en torno a un 5% (se han más que duplicado desde 1980) de los ingresos nacionales, mientras que el sistema de transferencias en su conjunto, un 17% (Piketty et al. 2017).

 

Hay que señalar, además, que en Estados Unidos tiene un gran peso lo que podemos denominar Estado del Bienestar privatizado. Muchas de las funciones típicas del Estado del Bienestar, que en otros países desarrollados desempeña el Estado, como las pensiones de jubilación y la asistencia sanitaria, en Estados Unidos están patrocinadas en gran medida por los empleadores, que a su vez están legamente obligados (en grados muy variables) a ofrecer este tipo de planes como parte de la compensación no salarial. El Estado, en lugar de gravar a los empleadores (y empleados) y financiar así un sistema sanitario y de pensiones públicos (que existe, pero cubre solo una fracción de las necesidades de la población), pone al empleador y a una industria de seguros y de inversión privada como intermediarios obligados para el acceso a la sanidad y a las pensiones. En consecuencia, para la población en edad laboral, el acceso al bienestar social está en gran medida condicionado a tener un empleo; si lo pierden, quedan inmediatamente sin cobertura sanitaria, entre otros perjuicios. Evidentemente, este sistema dota al capital de mucho más poder de negociación en relación con el trabajador, lo que presiona a la baja los salarios. Además, los seguros y pensiones privados contribuyen a la financiarización de la economía.

 

1.2.5. Gastos sanitarios

 

Dado el gran peso del gasto sanitario, merece la pena examinar la cuestión con algo más de profundidad. En primer lugar, el gasto sanitario se encuentra, necesariamente, repartido de forma muy desigual: mientras que la población anciana y con enfermedades graves recibirá prestaciones médicas de valor muy cuantioso, la población sana recibirá escasas prestaciones. En consecuencia, tras los datos medios encontraremos experiencias y percepciones personales mucho más extremas.

 

Por otro lado, aunque objetivamente es razonable sostener que el gasto sanitario es uno de los más útiles y beneficiosos, se percibe de forma distinta un aumento en los ingresos sanitarios que un aumento en los ingresos disponibles, es decir, dinero en la cuenta del banco para uso discrecional. Si los ingresos monetarios han permanecido estancados o han disminuido durante más de 30 años, la percepción personal será de grave estancamiento y crisis, a pesar de que la tecnología y el sistema sanitario permitan una asistencia mucho mejor que hace décadas.

 

Por último, el aumento de ingresos debido a prestaciones sanitarias se mide a precio de coste para el gobierno, y todo apunta a que el usuario está obteniendo un valor inferior a este coste, que el sector sanitario privado está obteniendo unos beneficios desproporcionados, y que otra parte se desperdicia debido a la ineficiencia del sistema. Los motivos son un sistema de patentes disfuncional y excesivo  que otorga demasiados beneficios a las farmacéuticas, la remuneración de los profesionales médicos, la más alta de los países ricos como resultado de medidas proteccionistas y en general un sistema complejo, heterogéneo, con multitud de agentes e incentivos viciados que disparan los gastos administrativos y legales (Baker, 2016, cáps 5 y 7;Britnell, 2015, pp. 136-137).

 

Los resultados en materia sanitaria de Estados Unidos son, en efecto, sumamente decepcionantes: es el país de la OECD que mayor porcentaje del PIB (y su PIB per cápita es de los más altos de la OECD), con diferencia, dedica gastos sanitarios, un 17% en 2015 (OECD, sin fecha a),  y, sin embargo, su esperanza de vida (78,5 años) está a niveles de Cuba (79), que está justo una posición por encima en el ranking (World Health Organization, 2018). La imagen es la misma, e incluso más marcada, si nos fijamos en el gasto per cápita: Estados Unidos encabeza con considerable diferencia al resto de países de la OECD (OECD, sin fecha b).

 

El caso de los gastos sanitarios ilustra el tipo de problemas y limitaciones a los que se enfrenta la medición cuantitativa de la desigualdad, que necesariamente homogeneiza tipos de ingresos cualitativamente muy distintos y evalúa los precios, que es la variable numérica, y no el valor, un concepto mucho más escurridizo y difícil de medir.

 

Cabe cuestionarse, además, si el crecimiento de las transferencias sanitarias y el sistema de pensiones público se puede atribuir a una mayor generosidad del Estado del Bienestar, i.e., a un cambio político-ideológico. Factores sociodemográficos y tecnológicos, en concreto el envejecimiento de la población y el avance de la medicina, imponen una gran presión para, al menos hasta unos niveles mínimos, atender a una población dependiente y satisfacer unas necesidades médicas que antes no existían o no tenían solución. Más que un Estado del Bienestar más generoso, estamos ante un Estado del Bienestar acorde a un determinado estadio demográfico y tecnológico.

 

La distinción entre factores políticos o ideológicos y factores de otra índole puede resultar poco clara y no es, desde luego, tajante; ambos están relacionados. Para ilustrarla, puede ser útil compararla con otros casos similares en la historia. Branko Milanovic (2016), explica que las sociedades preindustriales tenían un reparto de ingresos más igualitario que las sociedades industriales tempranas. El motivo no es que las sociedades feudales fueran más igualitarias política o ideológicamente, sino que la “frontera de desigualdad posible” (p. 52) en las sociedades preindustriales era mucho más baja, ya que el ingreso medio se encontraba solo ligeramente por encima del nivel de subsistencia, de manera que el excedente que podía acumularse en manos de una élite era bastante reducido. A medida que el ingreso medio aumenta en las sociedades industriales, son posibles unos niveles de desigualdad superiores. El caso que nos atañe, acerca de la población envejecida y de las nuevas posibilidades médicas, si bien no tan extremo como el nivel de estricta subsistencia, presenta algunas similitudes; en cierto sentido, se podría decir que el avance de la medicina ha creado nuevas necesidades básicas y por ende elevado los ingresos que constituyen el nivel de subsistencia.

 

1.3. Conclusiones

 

El aumento de la desigualdad en Estados Unidos durante más de tres décadas se puede resumir en una crisis dramática del trabajador. Los salarios se han estancado o incluso han disminuido para la gran mayoría de la población en edad laboral. Desde 2000, los ingresos laborales totales (incluyendo los del 1%) apenas han aumentado (crecimiento anual del 0,1%). Los trabajadores han quedado completamente al margen del crecimiento económico.

 

El escaso aumento de ingresos para las grandes mayorías ha sido después de impuestos y transferencias (consideremos ahora la definición estándar) y absorbido casi en su totalidad por las pensiones y las prestaciones sanitarias (que no constituye un ingreso de uso discrecional para consumo). Estas dos categorías de ingresos se reciben a través de transferencias estatales (Seguridad Social, Medicare y Medicaid) y del peculiar Estado del Bienestar privatizado americano a través de los planes de pensiones y seguros médicos pagados por el empleador como parte de la compensación no salarial. Es decir, este modesto aumento de ingresos se ha producido al margen del mercado.

 

A su vez, pensiones y gastos sanitarios se concentran en la población anciana y dependiente en general, por lo que de nuevo la población activa, i.e., los trabajadores, queda excluida de esta mejora. Hay que considerar, además, que las pensiones reflejan más bien unos derechos o ahorros acumulados durante décadas pasadas que la situación económica actual. La compensación no salarial, por su parte, está repartida desigualmente a favor de quienes ganan más, a diferencia de las políticas de Bienestar convencionales.

 

En suma, dentro de las grandes mayorías (90% más pobre), se ha llevado la peor parte la población activa frente a la jubilada, los trabajadores más jóvenes frente a los veteranos, el salario frente a la compensación no salarial, los hombres frente a las mujeres (porque éstas venían de una situación pésima), los más pobres frente a las clases medias y el período 2001-2014 frente al anterior.

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