MISERIA, GLORIA Y AGONÍA DEL PETRO-ESTADO VENEZOLANO (IV)

 

Por Lastra Zorrilla

Como hemos podido observar en el artículo anterior, la crisis del 73 inauguró en el mundo petrolífero el inicio de la era OPEC. En el cénit de su poder, la organización controlaba el 55% de la producción de crudo global. Al contrario que el reino de las siete hermanas, el mandato de OPEC sería uno corto y plagado de luchas internas. Uno de los principales errores de la organización fue ignorar la regla de oro establecida por Rockefeller casi un siglo atrás centrándose exclusivamente en las operaciones del upstream relegando el mid- y downstream a una posición secundaria. Esto concedía un enorme poder de negociación a las grandes multinacionales. A partir de este momento, el mecanismo que utilizaría OPEC para controlar las rentas petrolíferas de sus petro-estados miembros sería mediante el control de precio del barril atado a la producción de crudo. El problema radicaba en que, al contrario que las empresas de las siete hermanas que se regían por puros principios capitalistas de obtención máxima de beneficios, en el caso de OPEC, estamos hablando de Estados con necesidades y políticas exteriores diferentes e incluso en algunos casos incluso contradictorias.

En los últimos años de la década de los 70 informes alarmistas sobre el agotamiento de petróleo de la CIA, la dependencia para la fijación de precios en el spot market[1], la Revolución de Irán en el año 78, la casi fusión accidental del núcleo de tres centrales en Pennsylvania y el inicio de la guerra entre Irán e Iraq en el año 1980 acabaron convergiendo para crear otro shock petrolífero. Este segundo shock, a diferencia del 73, sería más efímero, ya que la demanda de petróleo había comenzado a descender notablemente a principios de los 80. Varios factores se pueden atribuir al declive generalizado de la demanda de crudo. En primer lugar, la mayoría de los países industrializados tras casi una década de subida generalizada de precios comenzaron a sufrir un “efecto de arrastre”[2]. En segundo lugar, el encarecimiento del crudo facilitó el desarrollo de nuevas políticas energéticas alternativas al petróleo como el gas natural y las centrales nucleares que experimentaron un notable crecimiento. Esta caída en demanda coincidió con el descubrimiento de nuevos pozos petrolíferos en Alaska, el Golfo de México y el Mar del Norte lo que supuso un aumento incremental de la oferta.

Varios de los ministros de los países miembros de OPEC veían venir esta nueva ola de exceso de oferta, pero muchos de los directivos de la organización seguían haciendo caso a las Casandras de turno que anunciaban un futuro sin crudo. Las constantes luchas internas protagonizadas por Irán e Iraq dentro de la organización fruto del enfrentamiento bélico junto con la inauguración del New York Mercantile Exchange(Nymex) marcaron el principio del fin de la era  de OPEC como cartel dirigente de la industria petrolífera. Los saudíes que habían sido la voz de la prudencia respecto a políticas agresivas de subida de precios acabaron decidiendo ir por libre y en 1985 liberaron las restricciones auto-impuestas de producción liberando una oleada nueva de crudo disponible. A partir de este momento se dejaría que el precio del crudo fuese fijado por las condiciones del mercado. La creación del Nymex supuso uno de los golpes más duros que recibió OPEC en cuanto al alcance de su influencia en la fijación de precios del barril. Dentro del Nymex se lanzó por primera vez el mercado de “futuros de crudo” donde básicamente se financializaba la especulación de precios futuros de petróleo por lo que la fijación de precios por parte de OPEC dejaba de tener tanto peso. A lo largo de de los 90 junto a la burbuja financiera se fue formando una burbuja especulativa de los futuros de crudo, el estallido de ambas coincidiría con el colapso de Enron.

Nota de Isma: El negocio de futuros consiste básicamente en que dos partes pactan la futura compra de «x» mercancía a un precio ya fijado de antemano. Por ejemplo: un agricultor quiere tener la certeza de que venderá «x» trigo que tiene pensado producir, le vende el futuro a un panadero gracias al intermediario de futuros, de tal manera que este le comprará el trigo cuando sea septiembre. Imaginemos que en septiembre el precio del trigo ha bajado o ha subido, pues el panadero saldrá o no ganando respecto al precio del futuro. En principio, el negocio de futuros con intermediario fue un mecanismo para asegurar la venta y compra de los bienes, pero precisamente por la manera de oscilar los valores fue una actividad cada vez más lucrativa para los especuladores. Los especuladores no son necesariamente malos en este contexto, servían para garantizar stocks de mercancías disponibles para los interesados, pero pueden producir efectos perversos en caso de jugar con bienes como la vivienda en contextos de burbuja. 

 

[1] El spot market se refiere a un mercado de petróleo informal que apareció a finales de los años 60 pero que comenzó a tener relevancia internacional tras la crisis del 73 en Oriente Medio. Al contrario del mercado regular, en el spot market las transacciones se realizaban por subasta en el momento y los precios podían tener variaciones enormes con respecto a la tasación oficial porque otros factores entraban en juego. El error de OPEC fue sobreestimar la importancia de este mercado que no llegaba al 10% del global e interpretar el inflamiento de precios como un indicador real de demanda de crudo.

 

[2] Este efecto puede ser definido como un fenómeno que se produce cuando el poder adquisitivo de un individuo decrece y para seguir manteniendo su nivel de vida reduce sus capacidades de ahorro hasta que llega al inevitable momento de modificar sus hábitos de consumo.


Rumbo al «caracazo»

 

En esta tesitura internacional se encontraron los gobiernos sucesores de CAP; la administración de Luis Herrera Campíns de COPEI (1979-84) y Jaime Luisinchi (1984-89). La retórica de modernización progresiva seguía siendo utilizada con ambos pero tras el fracaso del gobierno de CAP en invertir las rentas petrolíferas para crear una actividad industrial a largo plazo y la abundancia de corruptelas a causa de la circulación aparentemente interminable de capital facilitaron que el discurso cayera en ruidos sordos. El cansancio general de la sociedad venezolana con la retórica del “mañana a la vuelta de la esquina” coincidió con esta situación internacional nefasta para la industria del crudo. A fin de cuentas, la década de los 80 supuso una reestructuración global del capitalismo hacia unas políticas que favorecían más la privatización de activos públicos, la confianza en el mercado y una notable crecimiento del sector financiero. Esto se tradujo en campañas de reinversión de activos de las compañías petrolíferas para sostener, aunque de manera artificial, sus valores de cotización en bolsa que significaba corte de costes “innecesarios” en producción, recorte de recursos humanos y el cierre de sectores con beneficios “marginales”.

Dentro de Venezuela estas reestructuraciones de capital ocurrieron simultáneamente con una duplicación de la  deuda externa y la devaluación de la moneda en el 83 como intento de salvar la productividad en declive de la economía nacional. Estos malos augurios dentro del país fomentaron la fuga de capitales que alcanzaron su punto álgido durante la administración de Luisinchi. Fue entonces cuando apareció el FMI para poner en práctica políticas de “estabilización” que chocaron frontalmente con parte de la burguesía venezolana vinculada a la industria que se veía beneficiada por las políticas proteccionistas del Estado. Las políticas de austeridad del FMI dieron lugar a una reducción salarial y caída de consumo general. Además, la aversión histórica de la sociedad venezolana desde la época de Gómez por la existencia de deuda pública externa llevó a la administración de Luisinchi a poner todos los esfuerzos en pagarla a corto plazo agotando temporalmente todas las reservas petrolíferas que poseía el Estado.

El tema de la fuga de capital en Venezuela es central a la hora de explicar la inflación crónica que padece el país desde los años 80 y que, con la implementación de medidas de cambio fijo de divisa, genera mercados negros de intercambio de moneda que a su vez fomentan burbujas hiperinflacionarias como la que se vive hoy en día. Este proceso será explicado en un artículo futuro de Marcos Sánchez Muriel.

La caótica situación con la que terminaba el mandato de Luisinchi atrajo de nuevo la reaparición de la figura del mago ilusionista Carlos Andrés Pérez. Cabalgando a lomos de la nostalgia por una época de mayor bonanza, CAP consiguió oscurecer su legado de proyectos faraónicos industriales fracasados y corrupción generalizada obteniendo la victoria en las elecciones de 1988 con un 53% del voto popular. CAP había lanzado una campaña electoral que intentaba explotar el antiguo sentimiento populista que había desaparecido paulatinamente en la política venezolana desde la década de los 80. En su discurso incorporó la idea de “el gran viraje” que se basaba en alegatos cargados de retórica anti-FMI. La sorpresa que se llevaron los venezolanos fue que el gran viraje no sería respecto a las políticas del FMI, sino de CAP respecto a su propio discurso. La nueva administración adeca anunció medidas de eliminación de subvenciones y fijación de precios lo que provocó a una estampida de acaparamiento de productos de primera necesidad por parte de los grandes conglomerados comerciales venezolanos dando lugar a una escasez de alimentos. Las quejas continuadas de una gran parte del sector comercial ante los recortes en subsidios estatales generó un gran malestar dentro de la pequeña burguesía venezolana desvinculada de la infraestructura de importaciones y del sector financiero. Las capas populares de la sociedad se unirían a esta pequeña burguesía  con ánimo de revuelta cuando el gobierno decidió aumentar el precio de la gasolina, que estaba entre los más baratos del mercado desde hace décadas, para colocarlo más cerca del nivel del mercado global.

La subida del precio de la gasolina fue un error de libro. Como hemos visto a lo largo de estos artículos, para la sociedad venezolana la garantía del disfrute de la riqueza natural del país era uno de los principios fundamentales del contrato social entre el pueblo y el petro-Estado. Fernando Coronil ya lo había ilustrado de aquella manera tan elocuente cuando dijo que la nación venezolana constaba de dos cuerpos; uno natural y otro político. Dentro de esta relación el Estado debe ser la representación de ambos. La decisión de CAP de poner trabas mayores a la relación entre ambos cuerpos ponía en entredicho este derecho fundamental de los venezolanos.

 

En retrospectiva resulta evidente la inevitabilidad de lo que sucedió después. El 27 de Febrero de 1989, los dueños de las compañías de ómnibus y camionetas de Caracas decidieron duplicar las tarifas de transporte como señal de protesta ante la subida de precios y las nuevas medidas del gobierno. El problema fue que tanto los estudiantes como los trabajadores que dependían de este sector del transporte se sintieron estafados, ya no sólo por el gobierno, sino por la pequeña burguesía comercial urbana. Esta ira y frustración colectivas se materializaron en una serie de revueltas y saqueos en Caracas que asolaron la ciudad durante cinco días seguidos. Los disturbios palidecieron respecto a la respuesta increíblemente represiva del gobierno que acabó saldándose con 400 muertos. La mayoría de ellos fueron encontrados meses o años después en fosas comunes, tras enormes esfuerzos de activistas por combatir la intromisión del gobierno en investigaciones internacionales, convocadas a raíz de las claras violaciones de derechos humanos.

El Caracazo supondría un antes y un después en la vida política de Venezuela, ya que rompió por completo la relación entre el pueblo y el Estado puntofijista. Las élites políticas y económicas ya no veían al pueblo venezolano como parte del cuerpo político benefactor de las rentas petrolíferas, si no como una masa turbulenta y parásita a la que el Estado tenía que disciplinar. Mientras, “el pueblo” no podía evitar ver a la clase política como una que solo se preocupaba por el enriquecimiento personal y completamente corrupta. El peligro para el Estado puntofijista comenzó a materializarse cuando el discurso popular se filtró dentro del sector militar que, desde hacía ya décadas, se había mantenido al margen de la vida política. Los sucesivos golpes militares fallidos en 1992 llevados a cabo por Hugo Chávez, el General de brigada Visconti, Teodoro Petkoff o Francisco Arias Cárdenas no fueron más que la crónica de una muerte ya anunciada en 1989. Falto de opciones, la única forma que tenía la élite puntofijista de intentar salvar un sistema que se estaba desmoronando fue echarle el muerto al pelele más próximo, en este caso siendo el bueno de Carlos Andrés Pérez. En Mayo del 93, en un intento por guardar las apariencias, el Congreso lanzó una acusación de corrupción al Ejecutivo de CAP. Comenzó así un proceso de lapidación mediática mediante el cual la élite política esperaba que la crucifixión de CAP expiase sus propios pecados. La destitución de CAP dio paso a nuevas elecciones en las que Rafael Caldera resultó victorioso, presentándose como independiente de su antiguo partido COPEI. Las elecciones, sin embargo, mostraron una alta abstención de un 44%.

La administración de Caldera coincidió con dos grandes cambios dentro del seno económico venezolano. Por un lado, el rescate del Banco Latino en el año 94 fue el último caso dentro de una larga tendencia de especulación financiera inmobiliaria. Esta marcha había sido facilitada gracias a la existencia de un marco de competencia oligopólico y la derogación regulativa de las instituciones del Estado populista de los años 60 y 70. La solución al rescate bancario acabaría convirtiéndose en un vergonzoso espectáculo nacional, ya que el dinero fue sustraído por los propios banqueros que huyeron del país antes de que pudieran arrestarlos. Simultáneamente a este proceso, el director de PDVSA André Sosa Petri llevaba desde su nombramiento en 1990 combatiendo la intromisión política en la dirección de la empresa estatal y su asociación con la OPEC. En la visión de Sosa, PDVSA debía ser liberada de cualquier restricción contractual con el Estado y ser capitaneada como lo que era, una empresa petrolera multinacional. Así, proponía concederle a su cargo una mayor autonomía para actuar de la manera más conveniente con el objeto de atraer mayores inversiones de capital extranjero. Este empuje tecnocrático que propició Sosa durante el principio de los 90 fue llevado a su cénit bajo la dirección de Luis Giusti.

En la década de los 90, PDVSA comenzaría a operar con estándares y prácticas características de las grandes multinacionales. El Estado venezolano aprobó reformas para la auto-regulación de PDVSA otorgándole la capacidad de conservar el 10% de sus ganancias netas para financiar inversiones. Entre las nuevas operaciones emprendidas por la multinacional venezolana, destacan la compra de diversas refinerías en Alemania, Suecia o en Bélgica y la adquisición de Citgo con el fin de mantener una presencia más sostenida dentro del mercado americano. Habiendo ignorado ya completamente las directrices productivas de OPEC, Giusti lanzó una campaña de subasta para exploración de crudo y derechos de producción a gran escala con la intención de llegar a la cota de producción de 6 millones de barriles por día en 2006, la llamada apertura petrolera. Esta operación hizo evidente la nueva independencia de PDVSA fomentada por el Estado.

 

 

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