MISERIA, GLORIA Y AGONÍA DEL PETRO-ESTADO VENEZOLANO (II)

Por Lastra Zorrilla.

 

La situación de los países petrolíferos tras la II Guerra Mundial

 

La Segunda Guerra Mundial supuso un enorme coste de recursos para EE.UU, por no hablar de la destrucción casi completa del continente europeo. El nuevo orden mundial consagró de manera efectiva al petróleo como fuente de energía principal desplazando al carbón. Entre 1941 y 1945, los americanos habían abastecido de sus propias reservas 6 de los 7 mil millones de barriles que habían sido necesarios para el esfuerzo de guerra aliado. Este clima energético volvió a hacer sonar las voces de alarma sobre el agotamiento de las fuentes de petróleo nacionales. Esto era falso, el sobreabastecimiento de petróleo de los años 30 y la crisis financiera del 29 habían cortado severamente la capacidad productiva de muchas de las grandes empresas petrolíferas por no hablar de la inversión casi nula en prospección de nuevos pozos. De cualquier manera, en el nuevo mundo que alumbraba el fin de la Segunda Guerra Mundial la demanda energética no paraba de crecer. Esta es una de las razones por las que los EE.UU comenzó a cambiar de estrategia con las potencias de Oriente Medio estableciendo pactos comerciales y diplomáticos duraderos, en especial Arabia Saudí donde parecían encontrarse reservas cada vez más grandes a día que pasaba. Esta acercamiento diplomático se materializó con la creación de la Arabian American Oil Company o Aramco en el año 47 un consorcio formado por cuatro de las siete hermanas.

En este contexto de inmediata posguerra, los americanos veían con muy buenos ojos los esfuerzos reformistas de los diferentes gobiernos nacionales para conseguir mayor estabilidad, dando pleno apoyo al proceso democrático venezolano y vigilando que no hubiese ningún tipo de deriva revolucionaria. Este apoyo internacional logró dotar de gran legitimidad al nuevo gobierno democrático. El gobierno adeco puso en práctica la idea de sembrar el petróleo y desembolsó grandes cantidades de dinero en programas de gasto social e inversión industrial en detrimento del gasto militar. Para hacernos una idea, Coronil señala que entre 1945 y 1948 hubo un incremento del 240% en el presupuesto para planes de desarrollo nacional. De esta manera el AD compraba con las rentas del estado su consolidación como partido del progreso. Sin embargo, este ansía reformista del AD topó con cierta resistencia cuando se estableció el Decreto 321 que intentaba homologar y desarrollar el nivel educativo nacional. La iglesia lo interpretó como un ataque del estado a un sector que había sido su feudo durante siglos u se organizaron protestas masivas que dieron lugar a la revocación del decreto. El gobierno adeco también volvió a tener problemas con el consorcio petrolífero extranjero. La ley del 43 había conseguido un incremento notable en las arcas del estado pero internacionalmente la demanda del crudo no paraba de crecer: algo que se correspondía con un aumento del precio. Los ingresos de las compañías seguían creciendo mientras que la participación del estado decrecía lentamente. La única forma de obtener más rentas sería mediante un incremento de impuestos pero un acuerdo con el que habían llegado con las empresas americanas les había puesto un límite de 28,5%[1]. La solución acabó encontrándose en la promulgación de una nueva ley en 1948 dónde se imponía una distribución de beneficios a 50-50 que acabaría convirtiéndose en la fórmula estándar que tomarían la mayoría de las naciones exportadoras en las siguientes dos décadas.

A pesar de estas victorias y del crecimiento de calidad de vida de gran parte del pueblo venezolano, el AD consiguió alienar de manera incremental a las diferentes fuerzas políticas y sociales que conformaban la sociedad venezolana. A lomos del leviatán petrolero del estado, el AD había desarrollado una apropiación tremendamente partidista de los logros económicos y políticos que se reflejaban en su retórica parlamentaria. Había muchos que veían el cambio de una dictadura personalista a una democracia partidista con recelo. Tampoco ayudó el clima general de la Guerra Fría en el que la paranoia anti-comunista despertaba grandes temores, siendo el AD un partido con orígenes sindicalistas y filo-comunistas. Esta dinámica gubernamental acabó en otro golpe de estado militar en el año 48 que no encontró ninguna resistencia. Esto se debió a que el AD con su concepción ultra-partidista del Estado había conseguido desmovilizar por completo a las fuerzas democráticas populares que habían conseguido apoyar su golpe tres años atrás. La jerarquización del propio partido y la exclusión de otras formaciones dentro del Estado avalada por la mayoría absoluta que habían obtenido en el 46 habían hecho muchos enemigos dentro del parlamento también. Los ingresos obtenidos por el petróleo habían convertido al Estado en un mastodonte independiente del que dependían los ciudadanos y era pilotado por un solo partido.

El vals entre democracia y dictadura

Si bien los americanos habían respaldado el inicio del gobierno adeco de 1945, a medida que se iba instaurando el nuevo orden mundial bipolar la paranoia generalizada que existía en relación a nuevas posibles revoluciones en países clave para el abastecimiento de crudo comenzó a hacerse más palpable. Es por ello que cuando se llevó a cabo el golpe del general Marcos Pérez Jiménez en el año 48, los EE.UU mantuvieron una posición favorable al cambio de gobierno. Las grandes multinacionales petroleras también respiraron con alivio ya que tenían esperanzas de que Pérez Jiménez relajase las riendas del petróleo en Venezuela.

Marcos Pérez Jiménez

El alivio producido por el cambio en Venezuela no iba a durar demasiado ya que en Irán se estaba fraguando desde hacía ya un tiempo un descontento generalizado por la mala situación y condiciones laborales de los trabajadores de las plantas petrolíferas. Para más injuria, los británicos de la antigua BP habían incumplido todas sus promesas de formación de técnicos nativos y un reparto más equitativo de las rentas. Fue así como en Marzo de 1951 tras meses de peticiones que cayeron en oídos sordos de los británicos el presidente nacionalista Mohammed Mossadegh decide nacionalizar todos los activos de BP en Irán. Dos años más tarde, una operación conjunta de británicos y americanos llevará al derrocamiento de Mossadegh e instaurar de nuevo al Shah. La operación Ajax refleja el cambio de paradigma en la Guerra Fría que ocurrió tras la salida del presidente Truman y la primera legislatura de Eisenhower. En un principio, Truman había ignorado las peticiones de Churchill y las multinacionales petrolíferas para poner remedio a la situación; sin embargo, con el comienzo de la administración Eisenhower, estos fueron capaces de despertar los temores anti-comunistas del antiguo general. Es por ello que Eisenhower se basó en la ordenanza del Consejo de Seguridad Nacional 138/1 para legitimar sus actos:

 

Como Venezuela y Oriente Medio son las únicas fuentes desde las cuales el mundo libre puede satisfacer sus requerimientos de petróleo, estas fuentes son necesarias para continuar los presentes esfuerzos económicos y militares […]. Por lo tanto se asume que nada pueda interferir sustancialmente con la disponibilidad de crudo de estas fuentes al mundo libre. […] Las compañías estadounidenses y británicas desempeñan un papel vital en suministrar una de las mercancías más esenciales del mundo libre. El mantenimiento, así como evitar la interferencia perniciosa, de una actividad tan crucial para el bienestar y seguridad de los Estados Unidos y el resto del mundo libre debe ser un objetivo principal de la política de gobierno de EE.UU.[1]

 

Este documento es la expresión tangible del coronamiento del petróleo como mercancía rey, desplazando en importancia estratégica a todas las demás. Con este cambio de política exterior, EE.UU intentará garantizar un flujo libre e ininterrumpido de crudo al “mundo libre”. Así fue como un nuevo orden petrolífero global había sido forjado, uno que como se verá en adelante no fue armónico ni fluido sino que dentro de este paradigma americano de seguridad global existirán grandes tensiones entre las multinacionales petrolíferas y la política exterior estadounidense.

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Aún así, estas nuevas directivas de seguridad nacional y la poca resistencia que se presentó durante el golpe de 1948 dieron a Pérez Jiménez banda ancha para instaurar un nuevo régimen. El general Jiménez pertenecía a una facción militar de oposición gomecista llamada Unión Patriótica Militar (UPM) que había sido clave en la ejecución del golpe del año 45, sin embargo, la política ultra-partidista del AD durante el trienio había conseguido apartarlos por completo. Antes de llevar a cabo el giro, la UPM había intentado negociar con el AD para una mayor inclusión dentro del gobierno; mas el presidente Rómulo Gallegos mostró un tremendo desdén hacia sus reivindicaciones, ya que consideraba que el ejército no debía tener ningún lugar dentro de la política. Este error fatal dio paso al golpe. El AD amenazó con la organización de huelgas y protestas masivas pero, como ya se ha dicho, el golpe en última instancia no encontró resistencia. Una de las razones fue que la UPM y en concreto Jiménez argumentaron que el golpe se llevaba a cabo para resolver la crisis nacional y controlar los grupos extremistas del gobierno para el establecimiento final de la paz social en Venezuela. En cierto modo se vio el golpe como una corrección que debía realizarse a causa de la perversión partidista de la joven democracia realizada por los adecos. Aunque no existió oposición generalizada, la poca que hubo fue duramente reprimida y los miembros de AD tuvieron que ir al exilio.

 

Fernando Coronil explica que la concepción de Venezuela como país debe ser entendida como la unión de dos cuerpos: un cuerpo natural, constituido por la fuente material de su riqueza, y un cuerpo político constituido por sus ciudadanos siendo ambos representados por el Estado. De esta manera, en el momento que aquellos que ejercen el poder del estado son considerados como usurpadores, no es tan sólo porque ocupan un espacio de dominio público sino porque su forma de actuar se rechaza en base a una serie de normas y bases heredadas por un desarrollo histórico en torno al rol del Estado en su función de representante de una nación petrolera. Este contrapunteo entre dictadura y democracia, como lo llama Coronil, es uno que sigue muy presente hoy en día y son los términos con los que las luchas políticas de la crisis actual venezolana se articulan.

 

La toma de poder por parte de la Junta Militar fue acompañada de una rápida ilegalización del partido Acción Democrática. En su afán por limpiar el llamado “Estado dentro del Estado”, la Junta decidió disolver el Congreso, municipios y diferentes sindicatos. Dentro de la facción militar existían dos corrientes que se aliaban en un frente unido. Una de ellas era la representada por Pérez Jiménez con una actitud más castrense y estricta. Por otro lado estaba Delgado Chalbaud, un militar de buena familia que había estudiado en Francia y tenía amplias conexiones con la burguesía venezolana. Ambos estaban de acuerdo en que debería existir una re-evaluación de papel que deberían tener los partidos dentro del Estado. Se impusieron la tarea de imponer la normalidad en un período de Transición para convocar elecciones futuras. En 1950 Chalbaud fue encontrado asesinado en su casa en circunstancias misteriosas. La muerte de Chalbaud dejaba a Jiménez como cabeza indiscutible dentro del gobierno y pretendía legitimar su presidencia en unas elecciones para 1952.

Entre 1949 y 1952 el movimiento militar se hizo con el control absoluto del Estado y comenzaron a implantar medidas reminiscentes a la del desarrollismo temprano de diversas economías latinoamericanas gracias a un incremento expansivo de la economía petrolera auspiciada por la gran demanda energética impulsada por la reconstrucción de Europa, la expansión internacional de la industria automovilística y el nacimiento de la industria petroquímica. Jiménez volvió a tomar el papel que tantos otros mandatarios venezolanos habían interpretado y comenzó a hacer proclamas de nuevos vientos de modernidad financiados por la gestión excelente por su gobierno de la riqueza del país. La retórica perezjimenista tomó un cariz propio con el uso de la noción de la transformación racional del medio físico, que no era más que una re-interpretación positivista de domesticación de la naturaleza impulsada por la creación de grandes proyectos de obras públicas.

El gobierno perezjimenista acabó por intoxicarse con su propia soflama modernista y realizó un error de cálculo crucial que casi le cuesta la presidencia en las elecciones. Jiménez había sobrevalorado el apoyo popular que tenía y semanas antes de las elecciones de Noviembre del 52 ya se habían convocado grandes manifestaciones de protesta por la oposición. Las campañas de sobornos que se habían desplegado parecían no surtir el efecto esperado y el día de las elecciones se produjo el golpecito. Como la Junta esperaba ganar las elecciones no se había propuesto ninguna medida para amañar las elecciones. El conocimiento de los resultados electorales fue un palo vergonzoso para la Junta, pero Pérez Jiménez decidió desestimarlas alegando que la oposición había participado con el apoyo de AD y el Partido Comunista, ambos ilegales. El gobierno perezjimenista alegó su legitimidad en las fuerzas armadas y en la retórica de “salvaguarda” de la democracia. Teniendo el aparato estatal con su riqueza petrolífera y las fuerzas armadas de su lado, la oposición poco pudo hacer excepto aceptar la justificación de Pérez Jiménez. Cualquier tipo de lucha o resistencia que pudiese existir sería en última instancia fútil, ya que en Venezuela es la sociedad la que vivía de la riqueza del Estado y no al revés.

 

Durante la dictadura gomecista, un gobierno cada vez más personalista propugnaba ser el defensor de los valores liberales de Venezuela. De nuevo, la nueva dictadura perezjimenista argumentaba ser el bastión de la democracia verdadera en el país caribeño. El gobierno quiso dar forma a la “conciencia nacional” mediante la adopción y apoyo a símbolos concretos que este pensaba debían configurar el espíritu de la nación; una nueva interpretación de la historia nacional, una expansión del sentimiento católico y la curación de diferentes manifestaciones folklóricas. A esto se le unió la domesticación de la naturaleza mediante la construcción de infraestructuras, unidas retóricamente con el progreso y la modernidad del país: hoteles de lujo, vías públicas, campus universitarios, etc. En este sentido, si las fuerzas democráticas habían intentado despertar la conciencia política del pueblo venezolano haciéndolo partícipe en la vida política y dándole la oportunidad de participar en el Estado, la dictadura de Pérez Jiménez relegó a la ciudadanía a la categoría de espectador pasivo que atendía a las ilusiones de un gran mago que traía la modernidad y el progreso al país. Esta concepción del pueblo como masa esperando a ser esculpida por el poder y riqueza del Estado perdurará hasta bien entrados los años 90.

 

La política económica de Jiménez en este sentido estaba llena de “paja”. Si bien se desarrolló un “crecimiento interior” típico del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, no llegó nunca al punto de Brasil o Argentina en los 60. Además, la política del dictador con las petroleras fue bastante sumisa sin imponer ningún nuevo tipo de tasa o condiciones. La estrategia de Pérez Jiménez era la del gasto público no la de obtener mayores rentas petrolíferas. Este gasto público estaba planificado de una manera tremendamente pobre, siendo aprobados aquellos proyectos que satisficieran la visión fetichista de modernización del gobierno. Esta visión se materializó con la transformación de Caracas en un centro turístico y comercial de lujo. Con esta nueva modernización de la capital Jiménez intentaba acercar a su gobierno a una élite burguesa que cada vez veía su agencia política disminuir más en un régimen que incrementaba su carácter personalista. La modernización de Caracas coincidió con una apertura al capital extranjero nunca antes conocida en el país y un incremento de producción de petróleo a un promedio anual de 9,4%. Tan vital veía el gobierno militar su alianza con las petroleras, que cuando el gobierno contrajo una gran deuda por mala gestión e inversiones excesivas en grandes proyectos, en vez de subir los impuestos a las exportaciones o renegociar la distribución de la renta petrolera, se recurrió de nuevo a la venta de concesiones dando a las compañías el control de 821.091 hectáreas de tierra. La debilidad del gobierno se debía al desconocimiento real de la posición precaria en la que se encontraban las compañías petroleras en la época. La nacionalización de Mossadegh junto la crisis del Canal de Suez y las consiguientes políticas nacionalistas de Abdel Nasser habían puesto los intereses privados de las compañías de crudo en Oriente Medio en peligro, pero Pérez Jiménez siguió pensando que su posición de negociación era demasiado precaria.

Al contrario que el gobierno de los adecos, que intentaba legitimarse mediante el apoyo popular manifestado en un mayor control de las rentas petroleras del país, el régimen perezjimenista intentó fraguar las bases de su estabilidad con acuerdos tácitos con el capital privado y extranjero. Esta base cristalizaría en una alianza entre el capital extranjero y las élites burguesas que conseguían mediante sobornos y conexiones licencias para la importación de productos extranjeros cada vez más necesarios en una economía petrolera. Esta dependencia de productos importados no provenía tan sólo de una inercia traída por la industria petrolera, sino que el propio dictador había llevado a cabo esfuerzos concretos para poner trabas a la industrialización diversificada del país ya que un sector privado independiente podía suponer un peligro para la integridad de su régimen tanto por la creación de una burguesía urbana progresista como por un posible choque de intereses con las industrias extranjeras. Estos intereses del gobierno en mantener una industria local sumisa se reflejan en la revisión del Tratado Comercial de 1952 entre EE.UU y Venezuela. En el texto aparece un claro favorecimiento a los bienes importados constatado por la política de baja tasa impositiva. En este contexto económico las únicas industrias nacionales que llegaron a alcanzar un desarrollo progresivo e independiente fueron la construcción y el textil.

 

La nueva constitución que había traído consigo el golpecito del 52 establecía que unas nuevas elecciones serían convocadas un período determinado. El momento llegó de la manera más inoportuna en Diciembre de 1957. Ese mismo año la economía expansiva del régimen perezjimenista había experimentado una contracción severa que se veía con horizontes de crisis. La deuda contraída por el Estado había llevado a Pérez Jiménez a pagar con bonos a modo de pagarés a las empresas locales que tenían contratos con este. El problema radicaba en que muchas de estas empresas en período de expansión habían crecido gracias a la facilidad de créditos impulsada por el gobierno y necesitaban pagar sus propias deudas. La quiebra de gran número de empresas fue vista por Jiménez como prueba de que la industria local era la culpable de la crisis y se negó a intentar aliviar la presión fiscal de esta para obtener apoyo político. Las disputas siguieron cuando Jiménez obligo al partido de la oposición COPEI a rechazar el apoyo de partidos “ilegales”, el rechazo de la cúpula de COPEI dio lugar al arresto de Rafael Caldera lo que consiguió alienar todavía más a los sectores conservadores del régimen y a la propia iglesia. Tras realizar un plebiscito amañado, las protestas continuaron a lo largo del mes de Enero y esta vez la lucha se dio dentro de las fuerzas armadas. Muchos oficiales del ejército habían visto cómo los compañeros más cercanos a la camarilla de Jiménez se enriquecían y se establecía una red de clientelas para los ascensos. Aprovecharon las protestas masivas para realizar un golpe el 23 de Enero que acabó derrocando el régimen.

Golpe de estado enero 1958

Con el gobierno dictatorial tumbado, los dirigentes de la AD volvieron del exilio y se estableció un nuevo pacto institucional para el gobierno democrático del Estado que salvase los errores del trienio adeco, el Pacto de Punto Fijo. La naturaleza del pacto era de carácter conservador en el sentido que conservaba las relaciones políticas y económicas básicas que sostenían el enclave petrolero. No sólo en el ámbito nacional, sino que este acuerdo suponía el entendimiento tácito de que Venezuela se convertía en un estado mono-exportador de crudo en un sistema global de circulación de petróleo auspiciado por EE.UU, evitando por ello cualquier cambio político o estructural.

 

Esta sería la segunda parte del artículo sobre Venezuela. Como hemos visto en estas primeras décadas del petro-estado, el país ha pasado de ser una economía puramente agraria con un peso casi insignificante en el contexto global a ser uno de los principales países exportadores de crudo. A medida que la industria petrolera en EE.UU fue desarrollándose hasta instituir su dimensión global, el país caribeño fue sufriendo una “modernización” económica, política y social esculpida directamente por un Estado que se convirtió en el arrendador de la riqueza natural dando concesiones y estableciendo tributaciones a empresas arrendatarias. Mediante los diferentes cambios de gobierno, el pueblo venezolano comenzó a percibirse a sí mismo como ciudadano en relación a un Estado que dispensaba las rentas con el fin de desarrollar un programa de modernización nacional. La calidad de esa relación se medía en el grado mediante el cual los ciudadanos percibían ser partícipes de las decisiones de ese Estado y ser los beneficiarios de los frutos del crudo. La situación de fondo que se está creando en este período es más compleja de descifrar. La dependencia del pueblo venezolano de este petro-estado para desarrollar el país pondrá grandes trabas para la evolución económica de una industria privada nacional independiente del estado debido a la necesidad crónica de importaciones para la actividad industrial estatal. Esta situación no se debe sólo a la aparición del petro-estado, sino que también a la posición precaria de Venezuela como país mono-exportador de crudo en un sistema global de circulación de mercancías. La imposibilidad de Venezuela para crear una industria no dependiente del crudo se observará en la tercera parte de este artículo, con la administración del presidente Carlos Andrés Pérez.

[1] Extracto del NSC 138/1

 

[1] Este límite se acordó ya que era la tasa impositiva que existía en EE.UU y el gobierno de Roosevelt había propuesto una desgravación de impuestos especial a las empresas petrolíferas con actividades en el extranjero para asegurarse un flujo constante de crudo en el país.

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